6.4.06

 

[revista-de-prensa-sahara-occidental]Especial Análisis Acuerdos de Madrid (06-IV-2006)

******GRAVES INUNDACIONES EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS*****
******ACCIÓN URGENTE**********
http://www.arso.org/inondations.htm

********FIRMA AQUÍ LA CARTA AL ESISC EXIGIENDO UNA
RECTIFICACIÓN********
http://www.umdraiga.com/acciones/cartaesisc.asp

*****INTIFADA SAHARAUI*****
http://www.arso.org/intifada2005.htm

S U M A R I O

SAHARA-ESPAÑA-ACUERDOS DE MADRID-ANALISIS
- LIBERTAD DIGITAL: LA ILUSTRACIÓN LIBERAL. Revista española y
americana Num. 26 Invierno 2005-2006 Nº 26 - VARIA
Los Acuerdos de Madrid, inmorales, ilegales y políticamente suicidas
Por Carlos Ruiz Miguel

=========================================================
SÁHARA-INFO EN FRANCÉS Y EN ESPAÑOL:
http://es.groups.yahoo.com/group/sahara-info/
SAHARA-INFO SÓLO EN ESPAÑOL:
http://es.groups.yahoo.com/group/revista-de-prensa-sahara-occidental/
SAHARA-INFO SEULEMENT EN FRANÇAIS:
http://fr.groups.yahoo.com/group/revue-de-presse-sahara-occidental/
=========================================================

SAHARA-ESPAÑA-ACUERDOS DE MADRID-ANALISIS
http://www.libertaddigital.com/ilustracion_liberal/articulo.php/647

LA ILUSTRACIÓN LIBERAL. Revista española y americana
Num. 26
Invierno 2005-2006
Nº 26 - VARIA
Los Acuerdos de Madrid, inmorales, ilegales y políticamente suicidas
Por Carlos Ruiz Miguel
El 14 de noviembre de 1975 España firmó uno de los documentos más
infamantes y con más perniciosos efectos de toda su historia: los
llamados "Acuerdos de Madrid" para entregar el Sáhara. En este texto
pretendo argumentar que son inmorales, ilegales y políticamente
suicidas. Inmorales, porque se gestaron en el engaño: por un lado, del
Gobierno español tanto a su propia diplomacia como a la opinión
pública española y al pueblo saharaui; por otro, del Gobierno marroquí
al español. Ilegales, porque se concibieron en y para la vulneración
del Derecho Internacional. Políticamente suicidas, porque hipotecaron
para decenios la política exterior española y el futuro del pueblo
saharaui.
Quien esté verdaderamente comprometido con el interés de España, la
legalidad y la verdad no podrá sino condenarlos. Pero quien intente
revivirlos...

Qué son
Los llamados "Acuerdos de Madrid" son un conjunto de textos suscritos,
unos, entre España, Marruecos y Mauritania; otros, entre España y
Marruecos, y un tercer grupo, entre España y Mauritania.
El texto principal es la llamada "Declaración de principios entre
España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental". Este
convenio nunca fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero sí
fue comunicado a las Naciones Unidas y puede consultarse en la
colección United Nations Treaty Series. Esta "declaración" establece
en su artículo 2 que "España procederá de inmediato a instituir una
Administración temporal en el territorio, en la que participarán
Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemaá y a la cual serán
transmitidas las responsabilidades y poderes" que ostentaba Madrid
como potencia administradora. Al mismo tiempo, se anunciaba que "la
terminación de la presencia española en el territorio se llevará a
efecto definitivamente antes del 28 de febrero de 1976".
Junto a este acuerdo, público en Naciones Unidas pero no publicado
oficialmente en España, existían diversos anejos secretos. Algunos de
ellos fueron publicados en la revista Interviú el 28 de enero de 1978;
en un número que fue secuestrado[1]. Los pactos secretos abarcaban
diversas cuestiones: económicas, jurídicas y políticas. En materia
económica, se acordó la entrega a Marruecos, sin compensación alguna,
de todas las instalaciones para la explotación y exportación de
fosfatos, así como el 65% de las acciones de la empresa Fos Bu Craa,
que explotaba el preciado mineral (el resto quedaba en manos del
Instituto Nacional de Industria español). Por su parte, Marruecos
convino en permitir que 800 barcos españoles faenasen durante 20 años
en las condiciones que tenían en 1975... Jurídicamente, se acordaba la
delimitación de las aguas españolas en el Atlántico occidental. Por lo
que hace al plano político, Rabat se comprometía a renunciar a la
reivindicación de Ceuta y Melilla.

Un engaño masivo
Para entender el significado profundo de estos acuerdos hay que partir
de que el engaño y la mentira fueron constantes en su génesis. Los
sectores del Gobierno y el Estado españoles con complicidades con
Marruecos eran el Príncipe (D. Juan Carlos de Borbón y Borbón), el
presidente del Ejecutivo (Arias Navarro), el ministro de la
Presidencia (Antonio Carro Martínez) y el ministro José Solís Ruiz.
Además, contaban con el respaldo de sectores del Alto Estado Mayor
(Manuel Gutiérrez Mellado). Este "lobby" ocultó sus intenciones tanto
a los miembros del Gobierno partidarios de que España cumpliese sus
compromisos (Ministerio de Exteriores) como a los militares del
Ejército del Sáhara, que, por conocer la situación sobre el terreno,
consideraban que una entrega del territorio a Marruecos sería una
indignidad, sí, pero sobre todo un grave error estratégico con vistas
al futuro.
El Gobierno y la jefatura del Estado en funciones engañaban a la
opinión pública. En efecto, el 20 de octubre de 1975 se envió a las
Cortes el proyecto de ley para la descolonización del Sáhara que iba a
ejecutar aquellos acuerdos aún no celebrados... señal de que la
entrega ya estaba pactada. Ello no fue óbice para que Don Juan Carlos
de Borbón, mientras se desarrollaba la "Marcha Verde", viajara a El
Aaiún (2 de noviembre) y dijera que España "cumpliría sus
compromisos", que, públicamente, sólo consistían en la celebración de
un referéndum de autodeterminación. Es importante advertir que Hassán
II llegó a decir que Don Juan Carlos, en tal ocasión, engañó
deliberadamente a los presentes[2].
A pesar de que el Gobierno firmó los Acuerdos de Madrid el 14 de
noviembre, días después (el 18), mientras se discutía el proyecto de
ley de descolonización del Sáhara en las Cortes franquistas, el
ministro Carro (padrino político de Romay Beccaría y Meilán Gil) llegó
a sostener afirmaciones tan rotundamente falsas como la de que España
no había firmado ningún compromiso con Marruecos, ante las acusaciones
que en ese sentido, y a raíz de ciertas informaciones, hacían algunos
procuradores.
Asimismo, el Ejecutivo estaba engañando a los saharauis, que también
eran destinatarios del discurso pronunciado el 2 de noviembre por el
jefe del Estado en funciones. Ante el creciente temor de aquellos a
ser entregados a Marruecos, el Gobierno no dejaba de repetir que
España cumpliría sus compromisos públicamente asumidos, que no eran
otros, repetimos, que celebrar un referéndum de autodeterminación,
para lo cual, un año antes, se había confeccionado el oportuno censo
(el denominado "censo español de 1974").
La tragicomedia no acababa ahí. Porque Rabat, a su vez, estaba
engañando a quienes en España estaban engañando a los españoles. Para
conseguir el Sáhara, Marruecos no dudó en prometer al Gobierno español
cosas que nunca estuvo dispuesto a asumir, tanto en lo económico (la
más llamativa de todas, el acuerdo de pesca) como en lo político (la
reivindicación de Ceuta y Melilla).

Una orgía de ilegalidades
El contexto jurídico de los Acuerdos de Madrid resulta especialmente
escandaloso, en el plano del Derecho interno y en el del
internacional. En el primero de ellos, el documento fundamental es la
ley de descolonización del Sáhara, de 19 de noviembre de 1975, que se
publicó deprisa y corriendo el día de la muerte de Franco. En ella se
autorizaba al Gobierno a emprender negociaciones con vistas a la
descolonización del Sáhara. Sin embargo, el acuerdo secreto de Madrid
fechado el 14 de noviembre de 1975 estipulaba lo que sigue en su
artículo 6: "Este documento entrará en vigor el mismo día en que se
publique en el Boletín Oficial del Estado la 'Ley de Descolonización
del Sahara', que autoriza al Gobierno español para adquirir los
compromisos que condicionalmente se contienen en este documento". Por
consiguiente, la descolonización se operó vulnerando la propia ley de
descolonización del Sáhara, pues la autorización para entablar
negociaciones era "pro futuro" y no con efectos retroactivos.
Precisamente porque no tenía efectos retroactivos el ministro Carro
mintió al decir que el Gobierno no había firmado ningún compromiso con
Marruecos. En consecuencia, la entrega del Sáhara violaba la ley
española, pues se hizo de acuerdo con unas negociaciones que no habían
sido autorizadas por la ley, ya que eran anteriores a la misma.
Por lo demás, la legalidad franquista estipulaba que para ratificar
tratados que afectasen a la soberanía o a la integridad territorial
española se requería autorización previa, mediante una ley, de las
Cortes (art. 14.I de la ley constitutiva de las Cortes, de 17 de julio
de 1942) y la ratificación posterior por parte del jefe del Estado
(art. 9a de la Ley Orgánica del Estado de 1 de enero de 1967). Ahora
bien, si se estimase que la entrega del Sáhara no afectaba a la
"soberanía o a la integridad territorial española" y que, por tanto,
su ratificación no requeriría ni previa ley de las Cortes ni
intervención del jefe del Estado, habría de cumplirse con lo previsto
en el artículo 14.II de la Ley de Cortes, a saber, que éstas fueran
informadas de dicho tratado. A mayores, conviene recordar que el
Acuerdo de Madrid no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado,
pese a que el "Título Preliminar" del Código Civil, que
materialmente operaba como norma constitucional, así lo exigía.
A la luz de todo lo anterior, cabe decir lo siguiente: en primer
lugar, las Cortes sólo pueden aprobar una ley para autorizar la
ratificación de un tratado... ¡si previamente lo conocen! En segundo
lugar, la Ley de Descolonización del Sáhara no podía contravenir las
Leyes Fundamentales; en consecuencia, no podía eximirse al jefe del
Estado de la ratificación del tratado de cesión. Y, finalmente, si se
considerase que el acuerdo de Madrid no afectaba a la soberanía o a la
integridad territorial de
España, existía la obligación de informar de la celebración del
tratado a las Cortes... ¡cosa que no se hizo!
A esta ilegalidad según el Derecho nacional se suma su ilegalidad
internacional. España, como potencia administradora, sólo tenía dos
opciones para liberarse de su responsabilidad: proceder a la
descolonización, y eso sólo podía hacerse mediante un referéndum de
autodeterminación, o no descolonizar pero transferir la administración
del territorio al Consejo de Administración Fiduciaria, de acuerdo con
el artículo 77.1.c de la Carta de las Naciones Unidas. España
pretendió descolonizar hacer ninguna de las dos cosas, por lo que
incurrió en una doble ilegalidad.
En primer lugar, por eludir el preceptivo referéndum de
autodeterminación. Las resoluciones de la ONU, confirmadas por el
dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 16 de octubre de
1975, estipulaban que la descolonización del Sáhara debía hacerse
mediante un referéndum de autodeterminación. El acuerdo de Madrid
vulnera esta legalidad, ya que, si bien dice (art. 1) que "España
ratifica su resolución –reiteradamente manifestada ante la ONU– de
descolonizar el territorio del Sahara occidental", no procede a
celebrar un referéndum de autodeterminación, sin que en modo alguno
bastase una "consulta a la Yemaa [asamblea saharaui]". Y, en efecto,
la resolución 3458 B (10 de diciembre de 1975) de la Asamblea General
de la ONU exige a los firmantes del acuerdo tripartito de Madrid que
cumplan con lo que el acuerdo evita: la celebración de un referéndum
de autodeterminación.
En segundo lugar, España transfirió unilateralmente su cualidad de
potencia administradora a una entidad tripartita en la que, junto a
ella, participaban Marruecos y Mauritania. Dado que la Carta de las
Naciones Unidas estipula que una potencia administradora sólo puede
desprenderse de su responsabilidad transfiriendo la administración de
la colonia al Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones
Unidas, el acuerdo de Madrid vulneró la legalidad internacional. Y, en
efecto, el dictamen del secretario general adjunto de Asuntos
Jurídicos, y asesor jurídico de la ONU, emitido el 29 de enero de
2002[3] es contundente a este respecto: el acuerdo de Madrid es ilegal
porque España no puede transferir unilateralmente sus
responsabilidades de potencia administradora.

Una hipoteca para nuestra política exterior y para la paz en el Sáhara
Los Acuerdos de Madrid, además de infames en su gestación y ejecución,
han hipotecado durante tres decenios toda nuestra política exterior,
así como la paz y el derecho del pueblo saharaui.
Nuestra política exterior tiene una serie de retos permanentes por
razón de la geografía, como construir una relación con Marruecos y
conseguir la ubicación de España en África, en el sur, y, en el norte,
construir una relación con Francia y encontrar el sitio de España en
Europa. Estos importantes objetivos se hallan hipotecados por los
Acuerdos de Madrid.
En el sur, es imposible establecer una relación correcta con Marruecos
mientras éste no renuncie a apoderarse de parte del territorio
español. Es más, ni siquiera en el supuesto de que se opte por una
suicida política entreguista se acabarían los problemas, porque
después de Ceuta y Melilla vendrían Alborán y las Canarias.
Para poder exigir el respeto de nuestra integridad territorial es
perentorio garantizar que ninguna violación de fronteras será premiada
o quedará sin sanción. Si, después de 30 años, la violación de
fronteras que supuso la anexión del Sáhara no es reparada, se estará
alentando al país expansionista a emprender nuevas operaciones de ese
tipo. En definitiva, la garantía de la integridad territorial de
España en Ceuta y Melilla pasa por que se garantice la integridad
territorial del Sáhara Occidental. Sólo si la invasión de este
territorio es sancionada y reparada se podrá tener una razonable
esperanza de que la eventual violación de territorio español también
será sancionada.
Ante esta situación, sólo caben dos opciones: o una política resuelta
de defensa de los principios que mejor convienen a nuestros intereses
(con la ventaja de que son concordes con la legalidad internacional) o
una política de cesión. La primera otorga una credibilidad que no da
la segunda. Sólo la primera permitiría a España diseñar una política
coherente de proyección en el norte y el noroeste de África. El
acuerdo de Madrid, al optar por la segunda opción, ha lastrado nuestra
proyección africana, que ha quedado obsesivamente limitada a
Marruecos.
En el norte, es imposible establecer una relación correcta con Francia
mientras este país no renuncie a apoyar operaciones hostiles contra
España. Sólo la garantía de la seguridad en el sur puede proporcionar
respeto en el norte. Tal garantía nos permitiría quitar al Hexágono la
carta de desestabilización de nuestra frontera sur. Sólo así es
posible diseñar una política europea que persiga los intereses
nacionales españoles, y no simplemente complacer intereses ajenos.
Finalmente, los Acuerdos de Madrid, al premiar una invasión, han
introducido el germen de la inestabilidad en todo el norte de África.
Conviene no olvidar que las veleidades expansionistas de Marruecos no
afectan sólo a España, también a Argelia, Mauritania y Mali. La única
forma de evitar de raíz futuras agresiones en aras de la realización
de la pesadilla del "Gran Marruecos" es que aquéllas no tengan ninguna
posibilidad de ser convalidadas. La autodeterminación del Sáhara se
convierte, así, en la única garantía de la paz y la estabilidad en la
zona.

La piedra de toque de una política exterior nacional
Los Acuerdos de Madrid son inmorales (basados en el engaño y la
mentira), ilegales y políticamente suicidas. Si esto es así, como creo
haber demostrado, cualquier política que se precie de tener unos
mínimos principios éticos, que presuma de respeto al Derecho
Internacional y que promueva los intereses nacionales debe hacer todo
lo posible por removerlos. La herida simbólica debe ser curada
simbólicamente. España debe, solemnemente, denunciar ese acuerdo,
aunque sea treinta años después. Esto sentará las bases de una
política ética, confiada en la legalidad internacional y con una idea
clara de los intereses nacionales. La reafirmación de esos acuerdos no
puede ser vista sino como una adhesión gratuita a la inmoralidad, un
desprecio profundo a la legalidad y una apuesta por la humillación
como forma de relación con los vecinos del sur y del norte.
Hechos recientes han vuelto a situar en un primer plano los Acuerdos
de Madrid. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha promovido el acuerdo
de pesca de la Unión Europea con Marruecos sobre aguas del Sáhara
Occidental. Ante las denuncias surgidas no sólo en la opinión pública
española, también en otros estados europeos, el ministro de Asuntos
Exteriores ha alegado que Rabat es la "potencia administradora" del
Sáhara Occidental en virtud del acuerdo de Madrid. Esto es,
legalmente, insostenible. Pero nos ayuda a saber dónde está nuestro
gobierno. El actual.

[1] Para documentarse sobre los acuerdos de Madrid, recomiendo esta
página web. En ella pueden consultarse, por ejemplo, los anejos que
publicó Interviú.
[2] Acusación vertida en un libro de entrevistas al monarca marroquí
prologado, en su edición española, por José Luis de Vilallonga (Eric
Laurent, Hassán II, la memoria de un rey, Ediciones B, 1994). La Casa
Real española jamás ha desmentido las graves acusaciones que se
vierten allí contra Don Juan Carlos.
[3] El original puede consultarse aquí.

El archivo de mensajes de Sahara-Info (desde 2002) son accesibles en : http://es.groups.yahoo.com/group/sahara-info/messages

Enlaces a Yahoo! Grupos

<*> Para visitar tu grupo en la web, ve a:
http://es.groups.yahoo.com/group/revista-de-prensa-sahara-occidental/

<*> Para cancelar tu suscripción en este grupo, envía
un mensaje en blanco a:
revista-de-prensa-sahara-occidental-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> El uso que hagas de Yahoo! Grupos está sujeto a
las Condiciones del servicio de Yahoo!:
http://es.docs.yahoo.com/info/utos.html


Comments: Publicar un comentario

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?