16.10.07

 

[revista-de-prensa-sahara-occidental] Aniversario/16-X-1975: Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia sobre el Sáhara Occidental

S U M A R I O

1. ANIVERSARIO DEL DICTAMEN DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA
SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL
- ICJ-CIJ/AGWENIT: TEXTO COMPLETO DEL DOCUMENTO DE LA OPINIÓN
CONSULTIVA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA SOBRE EL CASO DEL
SÁHARA OCCIDENTAL

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1. ANIVERSARIO DEL DICTAMEN DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA
SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL

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http://agwenit-e2.blogspot.com/2007/09/caso-relativo-al-sahara-occidental.html

TEXTO COMPLETO DEL DOCUMENTO DE LA OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA SOBRE EL CASO DEL SÁHARA OCCIDENTAL

15 de septiembre de 2007

CASO RELATIVO AL SAHARA OCCIDENTAL
Opinión consultiva de 16 de octubre de 1975

En la opinión consultiva que la Asamblea General de las Naciones
Unidas habia solicitado sobre dos cuestiones relativas al Sáhara
Occidental, la Corte, con respecto a la cuestión I, ¿Era el Sáhara
Occidental (Río de Oro y Sakiet El Hamra) en el momento de su
colonización por España un territorio sin dueño (terra nullius)?,
-Decidió, por 13 votos contra 3, atender la solicitud de una opinión
consultiva;
-Opinó por unanimidad que el Sáhara Occidental (Rio de Oro y Sakiet El
Hamra) en el momento de su colonización por España no era un
territorio sin dueño (terra nullius).
Con respecto a la cuestión II, ¿Qué vínculos jurídicos existían entre
dicho territorio y el Reino de Marruecos y el complejo mauritano?, la
Corte:
-Decidió por 14 votos contra 2, atender la solicitud de una opinión
consultiva;
-Opinó por 14 votos contra 2, que existian entre dicho territorio y el
Reino de Marruecos vínculos jurídicos con las características
indicadas en el penúltimo párrafo de la opinión consultiva;
-Opinó, por 15 votos contra 1, que existian entre dicho territorio el
complejo mauritano vínculos jurídicos con las características
indicadas en el penúltimo párrafo de la opinión consultiva.
El texto del penúltimo párrafo de la opinión consultiva era el siguiente:
?Los elementos e informaciones puestos en conocimiento de la Corte
indican que en el momento de la colonización española existían
vínculos jurídicos de subordinación entre el Sultán de Marruecos y
ciertas tribus que vivían en el territorio del Sáhara Occidental.
Indican además la existencia de derechos, incluidos ciertos derechos
sobre la tierra, que constituian vínculos jurídicos entre el complejo
mauritano, en el sentido en que lo entiende la Corte, y el territorio
del Sáhara Occidental. En cambio, la Corte llegó a la conclusión de
que los elementos e informaciones puestos a su disposición no
demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial
entre el territorio del Sáhara Occidental, por una parte, y el Reino
de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra. Por lo tanto, la
Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de
modificar la aplicación de la resolución 1514 (XV) en lo que se
refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, a
la aplicación de la libre determinación mediante la expresión libre y
auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio.?
Para las presenes actuaciones, la composición de la Corte fue la
siguiente: Presidente: Lachs; Vicepresidente: Ammoun; Magistrados:
Forster, Gros, Bengzon, Petrén, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de
Castro, Morozov, Jiménez de Aréchaga, Sir Humphrey Waldock, Nagendra
Singh y Ruda; Magistrado ad hoc: Boni.
Los Magistrados Gros, Ignacio-Pinto y Nagendra Singh agregaron
declaraciones a la opinión consultiva; el Vicepresidente Ammoun y los
Magistrados Forster, Petrén, Dillard, de Castro y Boni agregaron sus
opiniones separadas, y el Magistrado Ruda una opinión disidente.
En esas declaraciones y opiniones, los magistrados interesados
expresaron claramente y explicaron sus posiciones.

Curso de la actuaciones

(Párrafos I a 13 de la opinión consultiva)

La Corte recuerda, en primer lugar, que la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidió solicitar una opinión consultiva de la Corte
respecto a dos cuestiones en su resolución 3292 (XXIX), aprobada el 13
de diciembre de 1974 y recibida en la Secretaría de la Corte el 21 de
diciembre. Describe después las siguientes fases de las actuaciones,
incluida la transmisión de un legajo de documentos por el Secretario
General de las Naciones Unidas (párrafo 2 del Artículo 65 del
Estatuto) y la presentación de exposiciones escritas o cartas y de
exposiciones orales por 14 Estados, incluidos Argelia, España,
Marruecos, Mauritania y Zaire (Artículo 66 del Estatuto).
Marruecos y Mauritania pidieron que se les autorizara a designar un
magistrado ad hoc para que participara en las actuaciones. En una
providencia dictada el 22 de mayo de 1975 (I.C.J. Reports 1975,
pág.6), la Corte declaró que Marruecos tenía derecho, en virtud de los
Artículos 31 y 68 del Estatuto y del Artículo 89 del Reglamento de la
Corte, a designar a una persona para que actuara como magistrado ad
hoc, pero que en el caso de Mauritania no se habian satisfecho las
condiciones para la aplicación de esos artículos. Al mismo tiempo, la
Corte manifestó que esas conclusiones en nada prejuzgaban sus
opiniones con respecto a las cuestiones que se le habían sometido o a
cualquier otra cuestión que pudiera tener que decidir, incluidas la de
su competencia para emitir una opinión consultiva y la de la
conveniencia de ejercer dicha competencia.

Competencia de la Corte
(Párrafs 14 a 22 de la opinión consultiva)
Con arreglo al párrafo 1 del Artículo 65 de sus Estatuto, la Corte
podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión
jurídica, a solicitud de cualquier organismo debidamente autorizado
para ello.
La Corte señala que la Asamblea General de las Naciones Unidas está
debidamente autorizada por el párrafo 1 del Artículo 96 de la Carta y
que las dos cuestiones sometidas están redactadas en términos
jurídicos y planteaban problemas de derecho internacional. Son en
principio cuestiones de carácter jurídico, aunque entrañen también
cuestiones de hecho, e incluso aunque no pidan que la Corte se
pronuncie sobre derechos y obligaciones existentes. En consecuencia,
la Corte es competente para atender la solicitud.
Conveniencia de emitir una opinión consultiva
(Párrafos 23 a 74 de la opinión consultiva)

España opuso objeciones que, a su juicio, harían que la emisión de una
opinión consultiva fuera incompatible con el carácter judicial de la
Corte. Se refirió, en primer lugar, al hecho de que no había dado su
consentimiento a que la Corte decidiera respecto a las cuestiones
sometidas a ella. Mantuvo. a) Que el tema de las cuestiones era
sustancialmente idéntico al de una controversia relativa al Sáhara
Occidental que Marruecos, en septiembre de 1974, le había invitado a
someter conjuntamente a la Corte, propuesta a la que se habia negado:
la opinión consultiva se utilizaba, por tanto,para evadir el principio
de que la Corte no es competente para resolver una controversia sin el
consentimiento de las partes; b) Que el caso entrañaba una
controversia relativa a la atribución de soberania territorial sobre
el Sáhara Occidental y que el consentimiento de los Estados era
siempre necesario para la adjudicación de tales controversias; c) Que
en las circunstancias del caso, la Corte no podía cumplir los
requisitos de la buena administración de justicia con respecto a la
determinación de los hechos. La Corte considera: a) Que la Asamblea
General, aun tomando nota de que había surgido una controversia
jurídica respecto al estatuto del Sáhara Occidental durante sus
debates, no pretendia someter a la Corte una disputa o controversia
jurídica con miras al subsiguiente arreglo pacífico, sino trataba sólo
de obtener una opinión consultiva que le ayudara a ejercer sus
funciones respecto a la descolonización del territorio, por lo que la
posición jurídica de España no podía quedar comprometida por las
respuestas de la Corte a las cuestiones sometidas a ella; b) Que esas
cuestiones no requerían que la Corte decidiera respecto a derechos
territoriales existentes; c) Que disponía de suficiente información y
pruebas.
España sugirió, en segundo lugar, que las cuestiones sometidas a la
Corte eran académicas y desprovistas de finalidad o efectos prácticos,
puesto que las Naciones Unidas ya habian decidido el método que habia
que seguir para la descolonización del Sáhara Occidental, a saber, la
consulta a la población indígena por medio de un referéndum que había
de realizar España bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La Corte
examina las resoluciones aprobadas por la Asamblea General sobre la
cuestión, a partir de la resolución 1514(XV), de 14 de diciembre de
1960, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, hasta la resolución 3292 (XXIX) sobre el
Sáhara Occidental que incorporaba la solicitud de una opinión
consultiva. Llega a la conclusión de que el proceso de descolonización
previsto por la Asamblea General respetará el derecho de la población
del Sáhara Occidental a determinar su estatuto político futuro
mediante su propia voluntad libremente expresada. Ese derecho de libre
determinación, que no resulta afectado por la solicitud de una opinión
consultiva y constituye un supuesto básico de las cuestiones sometidas
a la Corte, deja a la Asamblea General cierto grado de discreción con
respecto a la forma y los procedimientos que hay que adoptar. La
opinión consultiva proporcionaría, por tanto, a la Asamblea elementos
de carácter jurídico pertinentes para el nuevo debate sobre el
problema a que alude la resolución 3292 (XXIX).
Por consiguiente, la Corte no halla razón alguna que le obligue a
negarse a responder a las dos cuestiones que se le han planteado en la
solicitud de opinión consultiva.
Cuestión I: ¿Era el Sáhara Occidental (Rio de Oro y Sakiet El Hamra)
en el momento de su colonización por España un territorio sin dueño
(terra nullius)?
(Párrafos 75 a 83 de la opinión consultiva.

A los efectos de la opinión consultiva, el ?momento de su colonización
por España? puede considerarse el periodo que comenzó en 1884, cuando
España proclamó su protectorado sobre el Río de Oro. Por consiguiente,
el concepto jurídico de terra nullius ha de interpretarse por
referencia al derecho en vigor en ese periodo. En derecho, la
?ocupación? es un medio, diferente de la cesión o la sucesión, de
adquirir por medios pacíficos la soberanía de un territorio; una
condición fundamental de una ?ocupación? válida es que el territorio
sea terra nullius. Según la práctica de los Estados en ese período,
los territorios habitados por tribus o pueblos que tuvieran una
organización social y política no se consideraban terra nullius; en su
caso, se consideraba en general que la soberanía no se adquiría
mediante la ocupación, sino mediante acuerdos concertados con los
gobernantes locales. La información proporcionada a la Corte
demuestra: a) Que en el momento de su colonización el Sáhara
Occidental estaba habitado por pueblos que, aunque eran nómadas,
estaban organizados social y políticamente en tribus y tenian jefes
competentes para representarlos; b) Que España no actuó sobre la base
de establecer su soberanía sobre terra nullius: por eso, en su decreto
de 26 de diciembre de 1884, el Rey de España proclamó que estaba
tomando el Río de Oro bajo su protección sobre la base de acuerdos
concertados con los jefes de las tribus locales.
Por consiguiene, la Corte da una respuesta negativa a la cuestión I.
Con arreglo a los términos de la solicitud de opinión consultiva, ?si
la respuesta a la primera pregunta es negativa?, la Corte tiene que
responder a la cuestión II.

Cuestión II: ?¿Qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio
y el Reino de Marruecos y el complejo mauritano??

(Párrafos 84 a 161 de la opinión consultiva)
El significado de la expresión ?vínculos jurídicos? tiene que buscarse
en el objeto y el propósito de la resolución 3292 (XXIX) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. La Corte estima que debe
entenderse que se refiere a los vínculos jurídicos que puedan afectar
a la política que hay que seguir para la descolonización del Sáhara
Occidental. La Corte no puede aceptar la opinión de que esos vínculos
puedan limitarse a los establecidos directamente con el territorio sin
referencia a la población que exista en él. En el momento de su
colonización, el territorio tenía una población dispersa, compuesta en
su mayoría por tribus nómadas cuyos miembros atravesaban el desierto
por rutas más o menos regulares, llegando a veces tan lejos como el
Marruecos meridional o regiones de los actuales Mauritania, Argelia u
otros Estados. Esas tribus profesaban la fe islámica.
Marruecos (párrafos 90 a 129 de la opinión consultiva) presentó su
reclamación de vínculos jurídicos con el Sáhara Occidental como una
reclamación de vínculos de soberania sobre la base de una presunta
posesión inmemorial del territorio y un ejercicio ininterrumpido de
autoridad. A juicio de la Corte, sin embargo, lo que debe tener
importancia decisiva para determinar su respuesta a la cuestión II son
las pruebas directamente relacionadas con el ejercicio efectivo de
autoridad en el Sáhara Occidental en el momento de su colonización por
España y en el periodo inmediatamente precedente. Marruecos pide que
la Corte tenga en cuenta la estructura especial del Estado marroquí.
Ese Estado estaba fundado en el lazo religioso común del Islam y en la
lealtad de varias tribus al Sultán, por mediación de sus caídes o
jeques, más bien que la noción de territorio. Se componía en parte del
denominado Bled Makhzen, zonas actualmente sujetas al Sultán, y en
parte del denominado Bled Siba, zonas en las que las tribus no estaban
sometidas a él; en el período pertinente, las zonas situadas
inmediatamente al norte del Sáhara Occidental estaban incluidas en el
Bled Siba.
Como prueba de su ejercicio de soberanía en el Sáhara Occidental,
Marruecos invocó presuntos actos de ejercicio interno de la autoridad
marroquí, consistentes principalmente en pruebas que se decía que
mostraban la lealtad de los caídes, la supuesta imposición de
impuestos coránicos y de otra índole, y actos de resistencia militar a
la penetración extranjera en el territorio. Marruecos se basaba
también en ciertos actos internacionales que presuntamente constituían
el reconocimiento de otros Estados de su soberanía sobre la totalidad
o parte del Sáhara Occidental, incluidos: a) Ciertos tratados
concertados con España, los Estados Unidos y la Gran Bretaña y España
entre1767 y 1861, cuyas disposiciones se referían, en particular, a la
seguridad de los tripulantes de buques encallados en la costa de Wad
Noun o en sus proximidades, b) Ciertos tratados bilaterales de fines
del siglo XIX y comienzos del siglo XX en los que se decía que la Gran
Bretaña, España, Francia y Alemania habían reconocido que la soberanía
marroquí se extendía hacia el sur hasta el Cabo Bojador o el límite
del Río de Oro.
Habiendo examinado esas pruebas y las observaciones de los demás
Estados que intervinieron en las actuaciones, la Corte resuelve que ni
los actos internos ni los internacionales en que se basa Marruecos
indican, en el periodo pertinente, la existencia o el reconocimiento
internacional de vínculos jurídicos de soberanía territorial entre el
Sáhara Occidental y el Estado marroquí. Incluso teniendo en cuenta la
estructura específica de ese Estado, no muestran que Marruecos
ejerciera ninguna actividad estatal efectiva y exclusiva en el Sáhara
Occidental. No obstante, proporcionan indicaciones de que, en el
período pertinente, existían vínculos jurídicos de lealtad entre el
Sultán y algunos, pero sólo algunos, de los pueblos nómadas del
territorio, por conducto de los caídes Tekna de la región Noun, y
muestran que el Sultán ejercía, y otros Estados reconocían que poseía,
cierta autoridad o influencia respecto a esas tribus.
El término ?complejo mauritano? (párrafos 130 a 152 de la opinión
consultiva) fue empleado por primera vez durante el periodo de
sesiones celebrado por la Asamblea General en 1974, en el cual fue
aprobada la resolución 3292 (XXIX), en la que se solicitaba una
opinión consultiva de la Corte. Ese término denota la entidad
cultural, geográfica y social dentro de la cual había de crearse la
República Islámica de Mauritania. Según Mauritania, ese complejo, en
el periodo pertinente, era Bilad Shinguitti o país de Shinguitti, un
grupo humano diferenciado, caracterizado por un idioma, un modo de
vida, una religión y un sistema de leyes comunes con dos tipos de
autoridad política: emiratos y grupos tribales.
Reconociendo expresamente que esos emiratos y tribus no constituian un
Estado, Mauritania sugirió que los conceptos de ?nación? y de ?pueblo?
serán los más apropiados para explicar la posición del pueblo
Shinguitti en el momento de la colonización. En ese periodo, según
Mauritania, el complejo maritano se extendía desde el río Senegal
hasta el Wad Sakiet el Hamra. Por lo tanto, el territorio actualmente
bajo administración española y el actual territorio de la República
Islámica de Mauritania constituían conjuntamente partes indisociables
de una sola entidad y tenían vínculos jurídicos mutuos.
La información de que dispone la Corte revela que, si bien existían
entre ellos muchos vínculos de índole racial, lingüística, religiosa,
cultural y económica, los emiratos y muchas tribus que formaban el
complejo mauritano eran independientes unos de otros y no tenían
instituciones u órganos comunes. Por consiguiente, el complejo
mauritano no tenía el carácter de una personalidad o entidad
corporativa distinta de los varios emiratos o tribus que lo componían.
La Corte concluye que, en el momento de la colonización por España, no
existía entre el territorio del Sáhara Occidental y el complejo
mauritano ningún vínculo de soberanía, o de lealtad de tribus, o de
simple inclusión en la misma entidad jurídica. Sin embargo, no parece
que la Asamblea General haya redactado la cuestión II de modo que se
limite exclusivamente a los vínculos jurídicos que implican soberanía
territorial, lo que pasaría por alto la posible pertinencia de otros
vínculos jurídicos para el proceso de descolonización. La Corte
considera que en el período pertinente los pueblos nómadas del país
Shinguitti poseían derechos, incluidos ciertos derechos respecto a las
tierras por las que migraban. Esos derechos constituían vínculos
jurídicos entre el Sáhara Occidental y el complejo mauritano. Eran
vínculos que no conocían frontera entre los territorios y eran vitales
para el mantenimiento mismo de la vida en la región.
Marruecos y Mauritania destacaban ambos la superposición de los
respectivos vínculos jurídicos que reclamaban que habían tenido con el
Sáhara Occidental en el momento de su colonización (párrafos 153 a 160
de la opinión consultiva). Aunque sus opiniones parecían haber
evolucionado considerablemente a ese respecto, ambos Estados
manifestaron al final de las actuaciones que existia una zona
septentrional perteneciente a Marruecos y una zona meridional
perteneciente a Mauritania sin ningún vacío geográfico entre ellas,
pero con cierta superposición como resultado de la intersección de las
rutas nómadas. La Corte se limita a tomar nota de que esa
superposición geográfica indica la dificultad de desembrollar las
diversas relaciones existentes en la región del Sáhara Occidental en
el momento de su colonización.
Por esas razones, la Corte (párrafos 162 y 163 de la opinión
consultiva) dio las respuestas indicadas.

Fuente página de la ONU www.un.org

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